* El libro “De la reforma a la transformación educativa (Génesis y futuro de una disputa)”, de Adolfo Toledo Infanzón y Tomás Miklos, ofrece elementos para transformar la educación y elevarla a nivel de política de Estado, más allá de las disputas partidarias o de corporativismos clientelares.

* El triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador habla de una transformación de la educación que partirá de una reconversión educativa que implica la derogación de su andamiaje jurídico y de una consulta a las comunidades escolares para definir el futuro de la educación.

La educación y su destino se encuentran en un momento crucial: la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto afronta su cancelación camuflada de derogación por la Cuarta Transformación de México, impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional.

La disputa por la educación es la disputa por la Nación y la República, afirman con razón el doctor en Administración Pública Adolfo Toledo Infanzón y el doctor en Ciencias Roberto Tomás Miklos en su libro “De la reforma a la transformación educativa (Génesis y futuro de una disputa)”.

El propósito del texto, presentado a fin de año en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Anáhuac, es ofrecer elementos para transformar la educación y elevarla a nivel de política de Estado, más allá de las disputas partidarias PRI-Morena o de corporativismos clientelares.

Ello requiere diseñar y construir estrategias a partir de escenarios que permitan no solo sostener una transformación pertinente sino, sobre todo, hacerla viable, apuntan Toledo Infanzón y Miklos con visión sensibilidad.

Cinco años después de iniciada la llamada Reforma Educativa conviene revisar estas posturas polarizantes y proponer una visión que permita no polarizar, sino conciliar y ofrecer estrategias plausibles para arribar a una educación libre, pública y gratuita que sea incluyente, de calidad, orientada a formar buenos ciudadanos.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador habla de una transformación de la educación que partirá de una reconversión educativa que implica la derogación de su andamiaje jurídico y de una consulta a las comunidades escolares para definir el futuro de la educación.

Esta opción no elimina una disputa sobre los fines y las estrategias del Estado para conducir la educación y sus servicios educativos. Abre, por el contrario, una discusión trascendental que en el fondo comprende el futuro proyecto de Nación.

Existen dos polos o fuerzas en pugna, ambas plantean cambios en el sistema educativo nacional, pero de manera diametralmente opuesta: un polo, pro-reforma, defiende el esfuerzo institucional de la anterior administración, así como sus finalidades y adscripciones.

Otro polo, anti-reforma, critica fuertemente el sentido y la dirección dela reforma emprendida por el llamado Pacto por México. Ambos polos se asumen como portadores del cambio y descalifican a su opuesto, explican los autores del libro.

Los que apoyan su permanencia y vigencia reconocen que la Reforma Educativa había logrado ser aceptada/legitimada por la mayoría de la sociedad. Consideran que no solo debió mantenerse, sino profundizarse.

Aceptan que era necesario corregir sus efectos y debilidades sobre todo, los que se refieren a su gobernanza y a la credibilidad de sus propósitos. Proponen mejorar su operación y ajustar su diseño: una re-funcionalización de la gestión gubernamental que otorgue certeza y dé confianza a todos los actores sociales involucrados en el cambio educativo.
Pero sobre todo convencer y dar seguridad a los profesores, a las autoridades, a los padres de familia, de los beneficios de la reforma.

En este sentido, el Informe OREALC-UNESCO (2016) recomienda centrar los esfuerzos en lo que llaman la construcción de un sistema educativo basado en el mérito y la calidad de los trabajadores de la educación.

“(…) la legitimidad de las evaluaciones a los docentes y al sistema educativo en general, se cimenta en los bienes públicos y democráticos que transporta: la meritocracia, la calidad educativa y el derecho a garantizar una educación para todos, a través de una gobernanza distribuida e imparcial. Y (advierten), esta propuesta se enfrenta a otras visiones y otros intereses de diversos actores (dentro y fuera del sistema educativo) que requieren de un arreglo institucional basado en la construcción de nuevos consensos que permitan transitar a una nueva concepción de la docencia”.

Los que están en el polo pro-reforma, como fue planteada en el Pacto por México, reconocen que existe un déficit comunicativo (acuerdo para hacer) sobre el sentido profundo de lo que significa pasar de un sistema clientelar a uno meritocrático, que se expresa en rechazo y conflicto.

Este déficit se manifiesta de manera violenta por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente en entidades, cuyas secciones sindicales controlan como ocurre especialmente en el Estado de Oaxaca.

Déficit que requiere ser saldado con una información objetiva, pertinente y con estrategias de negociación en las que exista voluntad política de los actores involucrados para construir una gobernanza distribuida, eficaz, en la que todos los actores educativos obtengan beneficios.

Para lograrlo es preciso superar las tensiones que se expresan entre las fuerzas conservadoras, clientelares y las fuerzas del cambio. Es una tarea por hacer que no implica desmantelar lo que se ha logrado hasta ahora.

Para ello, no solo es necesario, sino urgente, alcanzar una armonización entre el sistema político y el sistema educativo. Sin duda, dicen los reformistas, una tarea que merece serenidad y destreza institucional.

Para los que están en el polo anti-reforma, el diseño y la operación de la Reforma Educativo tenía fallas tan graves que estaba al borde del colapso. Se dice que “no ha cumplido con preceptos prometidos. La calidad de la educación no ha mejorado, según demuestran las evaluaciones a los alumnos, ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas que sirva para subsanar las necesidades y los profesores no han sido profesionalizados con nuevos estándares”.

Las encuestas sobre aceptación y rechazo, realizadas por la UNESCO y el INEE, muestran que el gremio docente percibía a la Reforma Educativa como injusta, punitiva y laboral.

Esto se expresó con datos que hablan de un rechazo mayoritario (con porcentajes superiores al 50%). Señalan que las transformaciones de la Reforma Educativa han sido mal gestionadas, controvertidas y que se reflejan en inconformidades y en un malestar generalizado entre el gremio docente; que incluso se ha convertido en violencia en algunos estados de la República, como Oaxaca.

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