El desplazamiento forzado interno no es algo reciente en el país y la diversidad de causas que lo provocan se ha presentado en diferentes épocas y puntos del territorio nacional.

PROBLEMA AÑEJO. En los últimos 50 años, indica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las razones han sido por temas religiosos, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, grupos de autodefensa, actividad periodística y proyectos de desarrollo.

En la década de los setenta del siglo pasado, en Chiapas, unos 30 mil indígenas tzotziles fueron expulsados del municipio de San Juan Chamula, por conflictos religiosos.

En 2010, 135 integrantes del pueblo indígena triqui de San Juan Copala, en Oaxaca, fueron desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado.

También en Chiapas, un caso emblemático fue el conflicto zapatista, iniciado en enero de 1994, que en los primeros meses de la rebelión ocasionó el desplazamiento de 60 mil personas hacia otras regiones del estado.

De acuerdo con el Programa Conjunto por una Cultura de Paz 2012, en Chiapas hay unos 25 mil desplazados, de los cuales aproximadamente 70 por ciento (unos 19 mil) es resultado directo o indirecto del conflicto armado derivado del levantamiento zapatista.

En 2013, debido al huracán Ingrid, en Puebla, de acuerdo con la Dirección General de Protección Civil estatal, fueron reubicadas 134 familias a causa de deslizamientos en laderas en la comunidad de Huixtla, municipio de Tlaola.

En octubre de 2015, refirió la CNDH, aproximadamente 253 familias del municipio de Tamazula, Durango, enfrentaron desplazamiento forzoso presuntamente por el arribo y ataque contra la población civil por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar); la población desplazada se encaminó con rumbo a Cosalá, Sinaloa, para buscar refugio.

PASO A PASITO. En 2013, al comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia sobre desplazamiento interno, el Gobierno de México presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual, dijo, es un plan integral para la creación de políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito, así como para incidir en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicho programa para el periodo 2014-2018, cuyo propósito, señala el texto, es atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.

Su implementación, abunda, es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos internacionales.

“La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia”, refiere el documento.

Los cinco objetivos en los que se centran las acciones del Programa son: incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

Asimismo, fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales y delegacionales, estatales y federal y, por último, asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para implementar programas de prevención social. Para ello se determinaron 16 estrategias y 98 líneas de acción.

En marzo de 2016, la Secretaría de Gobernación señaló que el Programa contribuye al logro de cuatro metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: paz, inclusión, educación de calidad, y prosperidad, y para ello se propone lograr los cinco objetivos para reducir los factores sociales de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia.

LEGISLACION. Los factores que la CNDH identifica como influyentes en la realización de actos de violencia y delincuencia, son: embarazo temprano, consumo y abuso de drogas, ambientes familiares deteriorados o problemáticos, deserción escolar, falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación, capital social debilitado y participación ciudadana incipiente, entornos de ilegalidad, espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados, así como la marginación y exclusión social.

Actualmente el Senado analiza reformas a la Ley General de Víctimas, entre ellas incluir el tema de desplazamiento forzoso interno, aunque la CNDH ha recomendado hacer una ley para atender el DFI.

A decir de la psicoanalista Jessica Canales, quien atiende a víctimas de desplazamiento interno, tener una legislación “es como querer regular los efectos emocionales de la catástrofe y eso es imposible”.

Refirió que en Tamaulipas, con el ex gobernador Egidio Torre, el Congreso expidió la Ley de Protección a Víctimas, donde se establece la reparación integral del daño.

“Es como si los muertos, las mutilaciones corporales, los desaparecidos, los nervios rotos o el que los niños aprendan a tirarse al piso tras escuchar una detonación, tuvieran forma de ser reparados.

“Las disposiciones generales de la Ley en su Capítulo Primero señalan que las víctimas recibirán ayuda inmediata de acuerdo a su relación con el hecho victimizante. Me pregunto cómo es que esto se puede medir. Supongamos que ocurre una balacera, incendian camiones y bloquean las calles, ¿cómo es que el Estado destina o no apoyos y recursos para reparar integralmente a las víctimas y cómo determina cuál es su cercanía con el hecho victimizante? Y todavía más terrorífico es que para acceder a la indemnización la víctima deberá promover el pago y un comité determina si es apta o no”, expresó Canales.

En un intento por apoyar y reconocer a los desplazados como víctimas de la situación de violencia que va en aumento en el país, legisladores han presentado algunas propuestas.

En diciembre de 2012, el senador chiapaneco Zoé Robledo presentó una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención del desplazamiento interno.

Sin embargo, en septiembre de 2013, ante la falta de atención a su iniciativa, presentó un exhorto a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda para que dictaminaran su iniciativa presentada casi un año antes. El exhorto se repitió en mayo de 2016, casi cuatro años después, ya que su iniciativa no ha sido atendida.

En mayo de 2015, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el desplazamiento forzado interno, y a los Ejecutivos federal y estatales diseñar y aplicar políticas públicas y medidas para atender a los desplazados. En el mismo exhorto, diputados se pronunciaron porque el Congreso emitiera el marco jurídico para reconocer y atender a la población desplazada.

En diciembre de 2015, el Senado pidió al gobierno federal y a los gobiernos estatales llevar a cabo y fortalecer políticas de prevención y atención del DFI.

En mayo pasado, la Comisión Permanente, a propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, pidió a la Secretaría de Gobernación elaborar un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno y crear un registro nacional.