Miércoles 06 de febrero de 2019.- A través de un comunicado, diversas organizaciones expresan su indignación ante el manejo político de las estadísticas presentadas durante la comparecencia de Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado ante el Congreso local, en las cuales se afirma que el estado de Oaxaca ocupa actualmente a nivel nacional el lugar número 10 en violencia feminicida, cuando en el 2017 era el número 4.

En  el documento se exponen algunos cuestionamientos, en cuanto a las cifras y las acciones realizadas por parte de la Fiscalía en el tema de violencia hacia las mujeres y  feminicidios.

¿Cómo explicar que año con año el número de feminicidios ha ido disminuyendo, cuando hubo una tendencia similar de muertes violentas en el mismo período?

¿La razón de la disminución de feminicidios obedece acaso a un uso discrecional de la información? Porque el ocultar, tergiversar o manejar políticamente la información es no reconocer la gravedad del problema y por lo tanto es un acto de complicidad y responsabilidad de Estado.

Además refiere que durante dicho acto el Fiscal General expresó en su comparecencia que “las Fiscalías no prevenimos delitos, les damos respuesta” y ante esta afirmación exigimos respuestas que obedezcan a protocolos que brinden atención de calidad desde el primer contacto, porque procurar y administrar la justicia es el último eslabón, es ahí donde se suman las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pues quienes se atreven a dar el paso de solicitar atención ante estas instancias se enfrentan a un sistema carente de comprensión de un enfoque de género, que des-legitima sus demandas, las discrimina y re victimiza, por lo tanto es un acto de permisibilidad e impunidad de Estado.

 “a las Fiscalías no se les puede achacar el incremento de los delitos”. En esta declaración, sorprende que quien es responsable de la procuración de justicia en el estado desconozca que el incremento de los delitos obedece, entre otros factores a un clima de impunidad.

Por lo que las agrupaciones de mujeres argumentan que “La voluntad política debe traducirse en capacidad técnica-operativa, pues cada feminicidio, desaparición y delitos contra las mujeres son el resultado tangible de una cadena que por acciones negligentes o de graves omisiones, colocan a las mujeres en riesgo inminente de perder la vida y por lo tanto constituye un acto de falta de capacidad de Estado”.

Finalmente hacen un llamado “a quienes conforman la actual legislatura a que, en un acto de coherencia con la Cuarta Transformación y haciendo uso de las atribuciones que les han sido conferidas, inicien el proceso que lleve a la destitución del Fiscal General, por falta de capacidad, uso tendencioso de la información pública y porque las acciones y omisiones generan impunidad y esto lo hace responsable de incremento de los feminicidios en el estado de Oaxaca, vulnerando así el derecho fundamental de que las mujeres vivamos libres de todas las formas de violencia”.