No entiendo ese malestar contra todo político que, concluido el tiempo límite que establece la ley, trabaja en el sector privado, como es su derecho.

Con un abrazo solidario para el ministro y amigo Eduardo Medina Mora, por el fallecimiento de Laura.

Las denuncias que presentó ayer Manuel Bartlett sobre la situación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son tan verosímiles como aquellas declaraciones en las que insistía, cuando dejó el Partido Revolucionario Institucional, en que, como secretario de Gobernación, no había tenido nada que ver con la “caída del sistema” en los comicios de 1988.

El nuevo director de la CFE, sin experiencia alguna en el sector, anunció que ocho exfuncionarios han contribuido a “desmantelar” la CFE. Una acusación durísima que no sustentó con un solo dato. Comenzó con el exsecretario particular del expresidente Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, porque participa en la empresa Proveedora de Servicios SA de CV. También señaló a Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía, Carlos Ruiz Sacristán, extitular de la SCT, y Luis Téllez, también, entre otros cargos, exsecretario de Energía. Incorporó a la lista a quien fue un magnífico director de la CFE, Alfredo Elías Ayub; a la exsecretaria de Energía, en el sexenio de Felipe Calderón, Georgina Kessel; a Jordy Herrera, también exsecretario de Energía, y a Alejandro Fleming Kauffman.

Casi todos ellos, fuera de la controversia en torno a José Córdoba por otros temas (no conozco al señor Fleming), fueron funcionarios impecables en su puesto y nunca fueron acusados de corrupción. Luego de trabajar en el sector energético, han sido consultores externos o ejecutivos en distintas empresas, como lo son la mayoría de los exfuncionarios que viven de su trabajo y que no dependen, exclusivamente, y con una creciente riqueza personal, de sus ingresos provenientes del gobierno, como el propio Bartlett.

Según Bartlett, se creó una “combinación entre el sector privado y exautoridades”, lo que provocó que la CFE generara sólo “el 50 por ciento de la energía”. Lo que no dice es que la energía que no produce la CFE se compra a empresas privadas a un precio más barato que el generado por la CFE, y que esas empresas han realizado enormes inversiones en el país.

En todo el mundo hay proveedores privados de energía que la venden a las empresas, estatales o no, que la distribuyen. El modelo Bartlett, de convertir a la CFE en la generadora y proveedora estatal única, no sólo disparará enormemente los costos de la generación y distribución de energía eléctrica, sino que también acabará, ya lo está haciendo, con la generación de energías limpias, como la eólica.

La CFE ya ha cancelado licitaciones para ese sector, canceló la línea de transmisión que conectaría Salina Cruz con Tuxtepec, que era clave tanto para sacar la energía que generan los parques eólicos ubicados en la región de La Ventosa (y para aprovisionar de energía a los proyectos contemplados en las zonas económicas y el tren interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos), y también canceló otra línea de transmisión que iría de Sonora a Baja California. Dijo que los contratos de los ductos de gas manejados por empresas privadas, que alimentan algunas termoeléctricas, también serán revisados.

En los hechos, la idea es acabar con todos los avances que hemos tenido en energía en los últimos años y regresar al modelo anterior, caro, ineficiente y con energía producida por el Estado con base en el carbón: el propio presidente López Obrador dijo que la compañía Luz y Fuerza del Centro, desaparecida en el sexenio de Calderón, era ejemplar, a pesar de tener un déficit enorme y ser una de las empresas estatales más ineficientes en la historia del país.

Esta idea de que la estatización de los servicios es buena porque acaba con la corrupción de los privados es falsa. La corrupción jamás fue tan alta como en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, con economías cerradas y una enorme participación de monopolios estatales, gobiernos que provocaron las mayores crisis económicas de la historia contemporánea de nuestro país. Los menores de 30 años no lo recordarán, pero en esos años la energía era simplemente insuficiente, había cortes constantes, el servicio era infame, los políticos, funcionarios y muchos amigos de las autoridades simplemente no pagaban la luz, y las empresas, tanto la CFE como Luz y Fuerza, estaban quebradas.

No entiendo ese malestar y esa sospecha contra todo político o funcionario que, concluida su responsabilidad y pasado el tiempo límite que establece la ley, va a trabajar al sector privado, como tiene derecho y como una forma legítima de ganarse la vida. No les molesta que haya políticos de altísimo nivel que no hayan trabajado en sus vidas o que sólo lo hayan hecho en algún cargo público.

Con la CFE, como con las estancias infantiles o con el aeropuerto de Texcoco, la actual administración acompaña cada cancelación de un proyecto o una institución o una vuelta al pasado de los existentes, con una sospecha de corrupción, pero, en ningún caso, esas acusaciones se transforman en algo más que en un telón de fondo para justificar medidas, de otra forma, injustificables.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ