I

En el 102 aniversario de la Constitución Política del país, celebrado el 5 de febrero en Querétaro, López Obrador apuntó que México requiere una nueva Carta Magna, “porque la actual está parchada con más de 700 modificaciones”. Pero agregó de inmediato que, por lo pronto, se requiere “hacer propuestas de reformas a la actual Constitución”, pues para llegar a una nueva ley de leyes de esta naturaleza se requiere que el texto magno en consideración sea producto de lo que ofrezca la Cuarta Transformación: hacia el final del sexenio, cuando “se entregue la estafeta a las nuevas generaciones”.

Pero todo parece indicar que hacia el final del periodo lopezobradorista ya tendremos de hecho una “nueva Constitución”: porque el Congreso federal ya ha abierto un intenso proceso de reformas en la letra que, como marcan los hechos ya calzados y el itinerario prometido, dará un giro sustancial al actual encuadre constitucional.

Las bases para que este proceso gradual se desarrolle con éxito tiene en el propio texto constitucional actualmente vigente sus propias fuentes nutricias; porque hay mucho en él que es, o debe ser, herencia a la que no debemos renunciar. Diego Valadés, uno de los constitucionalistas de mayor reconocimiento en el país, dijo recientemente que la característica central de la Carta Magna de 1917 [ha sido] su capacidad de reformarse, su enorme elasticidad, su adaptabilidad a las diferentes realidades que ha regido, por lo que “puede ser de vigencia indefinida. Lo puede ser si es que se tiene la diligencia e inteligencia para incorporar los nuevos elementos que le den perdurabilidad” (Aristegui Noticias, 9 de febrero).

II

Entre otras de las que ya han sido aprobadas, y las que están en proceso, vale la pena detenerse en una de las modificaciones a la Carta Magna que se vienen cocinando, y que camina firma hacia una pronta concreción.

Me refiero a la reforma del artículo 2º constitucional, sustentada en la promesa reiterada, por parte del nuevo gobierno, de cubrir la deuda histórica que se tiene con el movimiento indígena nacional, de “hacer valer” los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996 –signados entonces por el EZLN y el Gobierno Federal–, para dar pleno y justo contenido a lo que en la reforma constitucional de 2001 quedó “a medias” o truqueado por la votación de un triángulo de partidos que se negó a dar cabida a los elementos sustantivos de aquellos históricos Acuerdos.

Un primer elemento de alteración de los Acuerdos en la Carta Magna fue que los pueblos y comunidades indígenas quedaron definidos como “entidades de interés público” y no como “sujetos [colectivos] de derecho público”. También quedó borrada toda mención al vínculo de los pueblos y las comunidades indígenas con sus territorios, aceptando sólo su calificación “agraria”: el de la relación de tales sujetos sociales con “sus tierras”. Un tercer elemento negativo fue la definición de que los pueblos y comunidades indígenas tendrían derecho el “uso y disfrute preferente de sus recursos naturales”. La definición en este caso de un “privilegio de preferencia” abrió pistas amplias para el aterrizaje en “sus tierras” de proyectos de inversión y de despojo de diversa dimensión y gravedad.

La referida reforma constitucional tampoco recogió algunas de las pautas de reivindicación que ya habían sido ganadas por el movimiento indígena desde tiempo atrás, como el relativo al derecho a la consulta (previa, libre e informada), claramente plasmada en el Convenio 169 de la OIT.

III
El proceso de reforma constitucional del artículo 2º constitucional ya ha iniciado su curso, pero no ha sorprendido a pocos que haya comenzado con la “Consulta libre, previa e informada a las comunidades afromexicanas”, puesta a andar por el Senado de la República. La convocatoria fue hecha pública el pasado 6 de febrero, y ha tenido o tiene, como espacios de realización: Pinotepa Nacional, Oaxaca (el 9 de febrero), Cuajuinicuilapa, Guerrero (el 10 de febrero), Mata Clara, Veracruz (el 16 de febrero), y la Ciudad de México (el 20 de febrero).

La definición relativa a la consulta no tiene desperdicio, y sin duda llevará a buen éxito la perfilada reforma constitucional: la propuesta a discusión es la adición de un apartado C al mencionado artículo segundo, “para reconocer, como parte de la composición pluricultural de la Nación, al pueblo Afromexicano, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación.”

Pero lo que muestra esta línea de transformación legislativa es que la reforma que hoy por hoy se vuelve necesaria para el artículo 2º constitucional va “más allá” de los Acuerdos de San Andrés, pues éstos no incluían en su marco negociado el reconocimiento específico a este segmento tan importante y emblemático de nuestra población.

El camino iniciado con esta perspectiva de reforma muestra entonces con suficiente evidencia que ya no basta tomar en cuenta sólo los Acuerdos de San Andrés para cubrir la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los indígenas de México. No hay espacio aquí para mencionarlo con detalle, pero, en la misma perspectiva en la que se enfila esta importantísima reforma promovida hoy por el Senado, se requiere, además de incorporar los elementos ya mencionados de los Acuerdos de San Andrés, modificar con especial detenimiento una parte importante del Apartado B del mismo artículo (no discutido ni negociado en San Andrés, pues lo sustantivo de los cambios allí acordados quedó ubicado en el Apartado A: recordemos que lo relativo al Apartado B quedó pendiente para una posterior mesa de negociación que fue abortada por el gobierno), cuyos contenidos han envejecido con el paso de los años para anclarse en una visión ligera, genérica y desarrollista.

Que los pueblos y comunidades afromexicanos queden ubicados como “sujetos de derecho” en un Apartado C tiene entonces una significativa relevancia. Pero esta específica reforma deberá dar paso, en lo inmediato, a la plena modificación del mencionado artículo 2º constitucional.

Julio Moguel